BRASIL. EL PEAJE DE LOS JUEGOS



La Puerta del Cielo brasileño es de metal herrumbroso. Para llegar hasta ella, hay que subir una colina en un mototaxi y caminar varios minutos por un laberinto de caminos angostos. Pero una vez que Raimundo saluda desde su silla en la terraza al visitante, una vez que se traspasa la Porta do Céu, aparece la mejor vista de Río de Janeiro. La imagen idealizada de Brasil. Mar, playa, ciudad, casas de colores. Sin duda, de lejos, todo resulta más simple. De cerca, el entorno de la terraza de Raimundo Saigrense, en la favela Rocinha, es más complejo. Esta podría ser la metáfora que explique Brasil después de las manifestaciones del pasado junio.

El 6 de junio llovió en San Pablo y el pequeño grupo llamado Movimiento Pase Libre se refugió en la escalera del Teatro Municipal en el centro de la ciudad. Pedía que se suspendiese la subida de 20 centavos (siete céntimos de euro) en el precio del transporte público. E insistieron en su demanda. Llamaron a otra marcha para el día siguiente y después a otra, hasta que las protestas estallaron en más de 400 ciudades. Finalmente ya no solo se trataba del aumento del pasaje, que el Gobierno de Dilma Rousseff revirtió. La lista de insatisfacciones incluían la atención médica, la corrupción, la construcción de presas en la Amazonia y su deforestación, la protección de las tierras indígenas, la necesidad de una reforma agraria, la lucha contra la discriminación por sexo o color de piel y hasta la crítica por la remodelación de los estadios de fútbol para el próximo mundial. Una lista plagada de demandas en un país en el que, según las voces oficiales y de la mayoría de la prensa, parecía haber una sola agenda: los preparativos para la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.

Mejorar, sí; empeorar está difícil», dice Saleti en la Puerta del Cielo. Ella forma parte de la llamada nueva clase media brasileña. Treinta millones de personas que, en los últimos diez años, dejaron atrás la pobreza. La mayoría son jóvenes que se beneficiaron del acceso a la educación, pero que aún no han encontrado trabajo a la altura de su formación y que viven en las mismas favelas de su niñez. Ellos fueron parte de las manifestaciones, pero no los únicos.

Gilson da Silva lo explica como «un proceso natural». Tiene 39 años y vive con su madre en la favela Doña Marta. «La gente empezó a estudiar y consiguió un trabajo mejor; ahora le es más fácil comprar cosas. El Gobierno de Lula dio esa posibilidad a un sector amplio de la sociedad», dice mientras sube en el teleférico que se inauguró en 2008 y facilitó a los vecinos llegar a sus casas. En Doña Marta, en lugar de calles hay escaleras. Pero en las calles también hay descontento. Y si hay alguien que las conoce es Luana Muniz. «La reina de Lapa», la llaman. Su reinado es el barrio antiguo. Tiene 43 años de travesti y 33 de actriz y es un referente de la comunidad que lucha contra la discriminación.

«Las manifestaciones de ahora tendrán efecto en diez años. Es un proceso muy lento. La gente tiene hambre todavía. Y, claro, se preocupa al ver que gastan millones en un estadio. ¡Por el amor de Dios! Brasil es un país negro, la mayor parte de su población lo es, ¡pero es racista!», sentencia para describir lo que para ella es un claro signo de hipocresía. Brasil tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, es la séptima economía del mundo, el quinto país más grande en superficie y está habitado por 197 millones de personas. Forma parte con Rusia, la India, China y Sudáfrica de los llamados BRICS, ese grupo de países emergentes que cuando la crisis mundial ennegrecía el panorama daba esperanzas de crecimiento. Pero las buenas perspectivas parece que no han durado. El crecimiento brasileño que alcanzó su mayor marca en 30 años (7,5%) en 2010 se desaceleró en 2011, cayendo al 2,7 por ciento, y al 0,9% el año pasado.

Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo, dio a finales de agosto una respuesta para explicar lo que sucede en el gigante de América Latina. «La gente tiene sus propias expectativas y el crecimiento económico no es, en sí mismo, una respuesta a ellas», afirmó. Para Ryder, la evolución positiva de la economía «en realidad pudo aumentar ciertos niveles de tensión en lugar de reducirlos».

Pero al margen del descontento popular o además de él están los riesgos de que Brasil se encuentre ante una burbuja financiera e inmobiliaria. Aunque se insiste mucho en la fortaleza del país, no sería el primer gigante que demuestra tener pies de barro. En los últimos siete años, el crédito ha crecido hasta alcanzar el 45 por ciento del tamaño de la economía. Las familias tienen que dedicar ya un 25 por ciento de sus ingresos a pagar deudas adquiridas para comprar electrodomésticos, coches, casas... El precio de la vivienda en Río de Janeiro y São Paulo se ha duplicado desde 2008. Y los salarios de sus altos ejecutivos son más altos que en Nueva York. ¿Les suena de algo? Brasil se ha convertido en uno de los países más caros del mundo, pero no hay más que recorrer sus carreteras interiores y sus campos para comprobar que sigue siendo pobre.

Brasil es el principal productor de soja, carne y maíz del mundo. Cuando en 1998, en la agenda mundial, en lugar de salvar a los bancos estaba como objetivo terminar con el hambre, el Gobierno de Lula se ofreció a dar de comer al planeta. Si Brasil es desde entonces uno de los graneros del mundo, la columna que lo sostiene atraviesa el estado de Mato Grosso. A la BR163 todos la llaman la 'ruta de la soja', una cinta de asfalto demasiada angosta para soportar el incesante paso de camiones cargados de granos, ganado y madera.

José Faustino, con camisa amarilla y sus dientes manchados de tabaco, llegó hace 35 años desde Curitiba, en el sur, a Carlinda. Fue un pionero de la inmigración que incitó la dictadura militar como una forma de 'ocupar' esta zona estratégica para el ejército: la Amazonia, la reserva natural más importante del planeta. Carlinda es hoy un centro ganadero, aunque este año avanzará un paso más hacia un modelo de negocio agrícola: se sembrará por primera vez soja. Faustino cuenta que en pocos años todo ha cambiado tanto que un extranjero no podría ni imaginarlo. «¡Había selva e indios!».

Pero ahora solo quedan de aquello las castañas de Brasil, unos árboles protegidos, para recordar que esto antes era una inmensa manta verde. El fenómeno tiene nombre. Es la deforestación amazónica. Se inicia en el este en Belem y llega hasta el estado de Acre, en la frontera con Perú. Una superficie igual a la distancia que une Madrid con Moscú y cuyo ancho llega a tener mil kilómetros. Los incendios ilegales para 'desmatar' continúan, a pesar de las multas. En mayo, la selva amazónica perdió 464,96 kilómetros cuadrados, casi cinco veces más que en el mismo mes del año anterior. La tendencia es preocupante: en los diez primeros meses de este año pluviométrico de agosto a mayo se han deforestado 2.337,79 kilómetros cuadrados de selva, lo que supone un aumento del 35 por ciento con respecto al periodo anterior. Un ascenso similar se viene registrando en los últimos cuatro años. Pese a la legislación proteccionista, la tala es constante en los alrededores de la BR163.

El puente sobre el río Teles Pires, en la 'ruta de la soja', se transformó también en territorio de protestas en julio. Los cortes de carretera, convocados por la Central Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil, clavaron en el asfalto a la incesante peregrinación de camiones cargados de grano que recorren la vía, formando kilómetros eternos de colas. «Desde el extranjero juzgan a Brasil en términos generales, pero no lo miran con lupa», dice Jaime Elías Vissotto, vestido como un típico campesino del sur brasileño. Llegó aquí hace 32 años y, como el resto, protesta porque, a pesar de las promesas, la reforma agraria no ha llegado y las tierras siguen en pocas manos. «Ninguno de los grandes latifundistas planta lechugas. Los platos brasileños se llenan con la producción de la agricultura familiar. Si hubiera más gente en el campo, habría más comida y menos violencia en la ciudad», asegura.

Lisetti Gonzálvez recorrió casi 600 kilómetros para unirse a las protestas. Hace 12 años, el Gobierno le entregó unas tierras cerca de la ciudad de Juará, donde cultivaba hortalizas. Pero fue desalojada. Denuncia, como otras 22 familias, que ahora sus tierras las ocupa un propietario que las utiliza para sembrar soja. «Pura corrupción», sostiene. La destrucción de la selva para que su suelo produzca más para la exportación y para que se pueda explotar legalmente la minería en propiedad indígena genera una constante tensión en el interior, aunque no tiene tanta visibilidad como las protestas en los centros urbanos.

Si la ruta 163 es la de la soja, la paralela que atraviesa la ciudad de Brasnorte es la del ganado. La zona parece abonada a la lista negra que cada año confecciona el ministro de Medio Ambiente. Y es que la mayoría del desmonte ocurre en tierra indígena manoki, uno de los doscientos pueblos originarios de Brasil. Los manokis denuncian que los hacendados las queman para alegar que están arrasadas y que, por lo tanto, no pueden vivir allí los indígenas. Manuel es el cacique de siete aldeas en las que viven 400 personas. En total tienen 251.000 hectáreas con derecho a usarlas, pero sin el título de propiedad, ya que, según la ley, pertenecen al Estado. Bajo este régimen se encuentra entre el 12 y el 13 por ciento de la superficie del país.

Manuel nació en este territorio ancestral para su pueblo, pero que solo en los noventa fue demarcado como tal. Para él, la lucha por sus tierras es una batalla por la supervivencia de su familia y de su historia. «Estamos amenazados por la tala, las presas hidroeléctricas que debilitan los ríos y los hacendados que quieren plantar en nuestras tierras. Esa es la pelea. Los creímos cuando nos dijeron que todo eso no afectaría a la selva. Pero nos mintieron». Lo mismo se preguntan los miles de jóvenes que se manifiestan en las ciudades. ¿Es creíble el Gobierno cuando les augura un crecimiento sin fin? Los manokis lo tienen claro: «No valió la pena haber creído».

 
FUENTE: www.finanzas.com