El Gobierno podría dar la puntilla al comercio con una nueva ley ‘verde’
27/05/2011

 
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El Ejecutivo puede dar la puntilla al maltrecho sector del comercio, que en los últimos años ha asistido al cierre de 40.000 establecimientos y que padece en la actualidad caídas de facturación de en torno al 9%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

El golpe vendrá de la mano de una ley de residuos urbanos que se votará el próximo lunes en la Comisión de Medio Ambiente. Una ley que ha pasado desapercibida durante su tramitación pero que entraña un golpe que afecta al comercio y, de forma colateral, a todo el sector de la distribución.

La norma abre la puerta a una profunda modificación del reciclado de envases y que actualiza el antiguo sistema de devolución del “casco”. El sistema de puntos verdes podría ser sustituido —al menos en parte— por un modelo nórdico. Así, se obligaría al comercio a instalar un sistema de devolución, retorno y depósito que podría acarrear unos costes de 500 millones de euros a las tiendas, según ha calculado la Confederación Española de Comercio.

Este nuevo sistema contempla que los envasadores y los importadores realicen un depósito por cada envase de un solo uso (que podría rondar los 0,25 euros). Los comerciantes pagarían el precio del producto más este depósito, al igual que los consumidores, quienes al final sólo lograrían el retorno de ese dinero al proceder a su devolución.

El 90% de los establecimientos comerciales en España no tienen espacio material para incluir los aparatos necesarios, según apunta la CEC. Tendrían que realizar todo el proceso de forma manual, con el coste en tiempo de trabajo y de transporte.

La consultora Sismega ha realizado un estudio en el que analiza los costes que tendría este nuevo proyecto. El sistema afectaría sólo al 9% de los envases, sólo a aquellos que empleen acero y aluminio. El informe realizado considera que la implantación de esta nueva maquinaria acarrearía, como mucho, 71.000 toneladas adicionales a las cantidades que se reciclan en la actualidad.

Por el contrario, la inversión necesaria para imponer todo el sistema sería de 465 millones, de los que 357 millones se destinan a maquinaria. A estas cantidades habría que añadir 108 millones para construir 79 plantas de “conteo” de los envases.

Parte de los ingresos del sistema provendrían de los depósitos no realizados en España, por lo que el ciudadano despistado sería quien sufragaría el sistema. El informe concluye que el coste de la gestión de la totalidad de los envases sería 8,1 veces superior al actual, “para obtener un incrementos de apenas dos puntos de porcentuales envases reciclados”.

El secretario general de la Confederación de Comercio, José Guerrero, destacó que el sector ha apoyado en todo lo posible el reciclaje, a través de Ecoembes y Ecovidrio, con un “resultado positivo”. Por eso no entiende una ley como la que está prevista y señala la elevada cantidad de enmiendas recibidas por sectores de lo más dispar.

De hecho, considera que las pequeñas tiendas se pueden ver más afectadas que las grandes superficies, con más medios para hacer frente a lo que se les viene encima. En su opinión, como ha ocurrido con la tasa a las bolsas de un solo uso implantadas en Andalucía y Cantabria, se ha producido poco diálogo y no se ha optado por demorar los plazos a que llegara un momento mejor para este tipo de debates.

Carles Campuzano, representante de CiU en la Comisión de Medio Ambiente, destacó que el texto podría incluir varias enmiendas que hicieran que el sistema no se implantara si no fuera viable económicamente y que fuera preceptivo un informe del Parlamento que así lo dijera, lo que podría retrasar todo.

Puerta abierta
Las negociaciones están siendo intensas, como se ve en la cantidad de enmiendas presentadas. En concreto, el proyecto de ley incluye en su capítulo 20 que “para fomentar la prevención y promover la reutilización y el reciclado de alta calidad, se podrán adoptar medidas destinadas a facilitar el establecimiento de sistemas de depósito, devolución y retorno”. Después, en el punto 30 se añade que se podrán “establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento”.

Dos modelos para 100.000 tiendas
España apostó a mediados de los noventa por un modelo de reciclaje de residuos, frente al retorno o reutilización. Más de 12.000 empresas están adheridas al Sistema Integrado de Gestión (SIG), que a través de Ecoembes (sociedad sin ánimo de lucro), se encarga de recoger, tratar y reciclar los residuos. Recientemente, ayuntamientos y comunidades han mostrado cierto malestar por el coste de Ecoembes, pero desde los sectores implicados (comercio e industria) aseguran que ha dado buenos resultados, en tanto que ha permitido cumplir las exigencias de las Directivas europeas.

La crisis de la construcción, no obstante, ha encarecido la tarifa de Ecoembes, ya que muchos de los materiales tratados se empleaban en la construcción. El Sistema de Devolución, Depósito y Retorno de envases que desde algunos sectores se pretende impulsar con la nueva Ley de Residuos pondría un aprieto a los 100.000 comercios de alimentación (en todos sus formatos) que hay en España. En primer lugar, porque sólo se aplican a envases de PET y latas, por lo que tendría que convivir con Ecoembes. En segundo, por los problemas de espacio, instalación y almacenamiento que acarrean estas máquinas.

Un negocio de 350 millones de euros
El lobby más activo en la implantación de este nuevo sistema de recuperación de los envases de bebidas es Retorna, una asociación en la que participan organizaciones como CCOO, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y una decena de ONG ecológicas, entre otras, Greenpeace. Sin embargo, existe otro actor interesado en el desarrollo de estas técnicas de reciclaje en España: TOMRA, una de las dos empresas que fabrican las máquinas de recogida. Esta compañía noruega podría haber visto un negocio interesante en España ya que se estima que sólo instalar las maquinas en los establecimientos conllevaría una inversión de 350 millones de euros, según estimaciones del sector comercial.

Diversas fuentes políticas y de la distribución consultadas por este diario coinciden en que se está intentando revestir con el traje ecológico un auténtico negocio. En general, existen un cierto consenso político y empresarial para no cerrar la puerta a que, en un futuro, los nuevos sistemas de retorno funcionen en España. Eso sí, bajo un paraguas definido por el Estado que evite la fragmentación de normativas o la coexistencia de sistemas.

FUENTE: www.expansion.com