El sistema actual de gestión de los desechos, en el aire.
04/03/2011
 
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El Consejo de Ministros aprobará hoy previsiblemente el texto definitivo de la nueva Ley de Residuos, transposición de una directiva europea que se esperaba para finales del año pasado. El texto, al que ha tenido acceso CincoDías, establece unos objetivos de reciclaje, compartidos por la Unión Europea, del 50% mínimo en peso para los residuos "domésticos y comerciales (...) para las fracciones de papel, metales, vidrio, plásticos u otras fracciones reciclables". Para los residuos "no peligrosos de construcción y demolición (...) deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos" para 2020, tal y como se recoge en el artículo 21.

Estos mínimos, establecidos en la Directiva europea, implican un mayor esfuerzo en la recogida selectiva que además tendrá que ser obligatoriamente separada para papel, metal, plástico y vidrio antes de 2015. Para Antonio García-Zarandieta, director general de Ecoembes, asociación sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclaje de envases, esta responsabilidad mayor del productor es "muy positiva". Las empresas envasadoras "ya cumplen por encima del 55% que les exige la ley", dice.

García-Zarandieta opina, sin embargo, que quizá la norma carga demasiado las tintas en el mismo tipo de desechos. "Ya hay un 15% de los residuos domésticos que cumplen con esa responsabilidad ampliada y la norma se fija demasiado en este porcentaje, cuando la responsabilidad de cumplir los objetivos corresponde al 100% de los residuos. El legislador tiene una oportunidad muy grande de ampliar esta responsabilidad", a juicio del directivo, hacia residuos no orgánicos, por ejemplo, como ciertos plásticos y metales o incluso, hacia residuos orgánicos.

Temas en el aire

Sin embargo, la ley deja temas preocupantes en el aire como el cambio de personalidad jurídica que exige a entidades como la que dirige García-Zarandieta. La ley mantiene la obligación para los productores de que se responsabilicen de la organización de la gestión de los residuos, de modo individual o colectivo "contribuyendo económicamente a dichos sistemas de gestión, de forma proporcional a las cantidades que pongan en el mercado y atendiendo a los costes efectivos de su gestión", como se hace actualmente. Pero, según el texto de la ley, "los productores que opten por un sistema colectivo se constituirán como asociaciones", punto al que Ecoembes se opone.

Según entienden desde la entidad, este extremo "cambiaría por completo el funcionamiento de un sistema que lleva en marcha 12 años". "Un esquema de asociación para 12.200 socios es ingobernable. Además, ahora Ecoembes es democrática, no tiene en cuenta cuotas de mercado para el voto", explica el directivo. "Se produciría una concentración de poder en manos de grandes empresas nada deseable", afirma.

García-Zarandieta también asegura que, como asociación, "perdería transparencia y este cambio no está suficientemente justificado". Además, durante el proceso de cambio de la figura jurídica de Ecoembes, con una duración mínima estimada de 15 meses, "no se podrán efectuar los pagos a los ayuntamientos que en la actualidad son de unos 400 millones de euros al año". "La disolución provocaría el consiguiente caos de renegociar los contratos, los acuerdos con las Comunidades, etc...", explicó.

Depósito y retorno de envases

La norma también abre la posibilidad de que las autoridades establezcan sistemas de depósito, devolución y retorno de envases y otros productos reutilizables. Sin embargo, el gestor del reciclado de estos materiales considera que este sistema "debe ser una opción para los productores y no algo imperativo".

García-Zarandieta entiende que "no es lógico imponerlo sin saber si es mejor económicamente y medioambientalmente". Además, "obligar a adaptar solo un sistema cuando puede haber alternativas es ilógico", apunta. El directivo señala la recogida en cárceles, estadios o eventos como alternativas. La propuesta además, "solo afectaría al 9% de los residuos de envases, que ya cumplen sobradamente con los objetivos de la ley, y que provocaría unos costes de implantación altísimos", aseguran.

FUENTE: www.cincodias.com